El pasado sábado 3 de septiembre el intelectual opositor Fernando Mieres coloca en su Twitter: “Estoy convencido: si el Revocatorio no revoca a Maduro, lo derroca. Esa es la idea”. Sin lugar a dudas, Mieres señala lo que viene siendo en la práctica la combinación estratégica de todas las formas de lucha por parte de la dirigencia opositora. Ahora bien, vamos a ponerle lupa al asunto:
La oposición en Venezuela ha experimentado múltiples vías para acceder al poder. En los tiempos de la Coordinadora Democrática se priorizó las vías golpistas e insurreccionales. El golpe de Estado del 2002 y el paro petrolero del 2003 son pruebas irrefutables de esto. No obstante, esta coalición ensayó la vía pacífico legal en el Referéndum Revocatorio del 2004. En aquel entonces Fedecámaras, la CTV y las ONG financiadas desde el extranjero hegemonizaron la dirección opositora por encima de los partidos políticos. Después de los fracasos estrepitosos, se desmorona la C.D. y la Revolución entra en un periodo de ofensiva política. La falta de acuerdos y los pronósticos de derrota llevaron a la oposición a no participar en las parlamentarias del 2005.
Salvo la efímera campaña electoral de Manuel Rosales en el 2006, los esfuerzos unitarios opositores no volvieron a cuajar hasta el 2008 con la presentación pública de la Mesa de la Unidad Democrática. El cese de concesión de RCTV y la derrota de la Reforma Constitucional fueron las sustancias catalizadoras que aceleraron la “unidad”. La Mesa de la Unidad Democrática surge con los mismos intereses y fines que la Coordinadora Democrática pero con ligeras variaciones. Por un lado, la MUD nace tanto para recuperar terreno en las elecciones regionales del 2008, como para enfrentarse a la Enmienda Constitucional del 2009. Por otro lado, la dirección de la “Unidad” estaba constituida fundamentalmente por los partidos políticos y no tanto por los factores gremiales. En consecuencia, el segundo esfuerzo unitario de la oposición priorizaría las vías electorales sobre las violentas.
Es posible que Estados Unidos como principal aliado de la oposición cumpliera una función en esta dirección. La salida de la Administración Bush en el 2009 y el acceso al poder del Partido Demócrata encabezado por Obama, pudieran haber impulsado un cambio dentro de la oposición. Quizás la Administración Obama que tuvo como Secretaria de Estado a Hillary Clinton partidaria del llamado “smart power” o “poder inteligente” emprendiera una política para Venezuela dirigida a recobrar la influencia norteamericana y derrotar al chavismo por vías electorales. El llamado “poder inteligente” consiste en combinar el “hard power” (invasión militar, bloqueo, operaciones militares encubiertas) con el “soft power” (operaciones psicologicas, campaña mediática, ofensiva cultural y político-electoral) para lograr lo que denomina Joseph Nye una “política vencedora”. Es ilustrativo algunos informes de inteligencia desclasificados de los Estados Unidos para la fecha, que identifican como debilidades del gobierno venezolano la inseguridad, las deficiencias en los servicios básicos y el problema económico. Tal vez la Embajada de los Estados Unidos “estimulara” al nuevo liderazgo opositor que coincidiera con este enfoque, lo que no quiere decir que se encuentre descartada ninguna alternativa que permita vencer al chavismo.
En este sentido, La opción electoral de la MUD le ha permitido acumular fuerzas, recuperar espacios de poder, territorializar sus banderas de lucha e impulsar liderazgos unitarios regionales y nacionales, reconstituyendose como fuerza política. La victoria en las parlamentarias del 2015 son prueba de los frutos que le ha arrojado, a esta coalición política, la vía pacífica electoral. Sin embargo, las fuerzas política que direccionan la MUD no descartan del todo los caminos violentos e insurreccionales. Los actos violentos de abril del 2013, las guarimbas del 2014 y los pronunciamientos previos y posteriores al 1S evidencian el fortalecimiento de una tendencia que juega a convertir la movilización de calle en globos de ensayos insurgentes.
En el 2016 el país atraviesa el peor momento de su crisis económica. El alto costo de la vida mantiene al país en una tensa calma. Una tensión que se teje silenciosamente al calor del rumor en las colas, en los reconcomios de las amas de casa, en la conversa cotidiana que tiene como excusa el café de la mañana, en los tragos de los viernes. Lo cierto es que las pequeñas ágoras del debate cotidiano tienen como agenda principal la crisis económica. El descalabro ha conducido a la mayoría de la población a una lucha familiar por restablecer la calidad de vida que tuvieron en años recientes. Esta una calma que se convierte en desesperación y estalla en la riña de la cola a la entrada del comercio. Es una tranquilidad que deviene repentinamente en ira contra el policía, contra el bachaquero, contra el gobierno, contra los demás en la cola. Es la frustración colectiva de no poder comprar el alimento o la medicina que se necesita. Es una molestia que tiene picos que coquetean con la euforia, pero que inmediatamente las llamas coléricas son apagadas de nuevo por un indescriptible sosiego, que lleva a respirar profundo para afrontar el siguiente día. El termómetro insurreccional sube y baja aceleradamente.
En este sentido, la oposición intentó utilizar en el 2016 esta situación para promover un estallido social que diera al traste con el chavismo de manera definitiva. No obstante, la violencia opositora es vista con desconfianza por la mayoría de la población, los más no acompañan la violencia, ni el saqueo. Por ello, la oposición fracasó intentando conectar el malestar social con sus banderas políticas. Sin embargo, en lo que no ha fracasado la oposición es en haber logrado posicionar comunicacionalmente un culpable de la crisis: Nicolás Maduro, una solución: la salida del chavismo del poder y la vía para lograrlo: el Referéndum Revocatorio. Esta fórmula no solo tiene como propósito revocar el mandato de Maduro, también se plantea el extinguir al chavismo como opción política. No obstante, el malestar social y la crisis económica no han sido suficientes para darle la estocada final al chavismo.
Durante las primeras declaraciones de Ramos Allup en enero señaló que la salida del gobierno sería “pacífica, constitucional y democrática”. Después de meses de discusión la oposición obtuvo como consenso el Referéndum Revocatorio como vía para salir del gobierno. Sin embargo, ya en abril el presidente de la Asamblea Nacional advertía en su cuenta Twitter: “Que quede claro: Maduro, altomando fan, salainconstitucionaltsj y cne están impidiendo salida constitucional, pacífica y democrática crisis”. En este sentido, la oposición se ha concentrado todas sus fuerzas en presionar al CNE para que el Referéndum Revocatorio se celebre en el 2016, sabiendo que en el 2017 la Constitución brinda más opciones al chavismo para sortear un resultado adverso.
Ahora bien, todos los pronósticos señalan que el CNE anunciará la celebración del Referéndum Revocatorio en el 2017. Además sabemos que chavismo cuenta con medios constitucionales para salir airosos frente a un posible resultado adverso en el RR. Es decir, que la oposición es consciente que el resultado del Revocatorio no necesariamente desalojaría al chavismo del gobierno. En consecuencia, el Referéndum Revocatorio no es el instrumento adecuado para una salida “pacífica, constitucional y democrática”. Por tanto, el RR parece ser una excusa de la oposición para invocar un acto insurreccional con grados importantes de legitimidad para derrocar al gobierno chavista.
Sabemos que la dirección de la MUD no siempre encuentra consenso en relación a la violencia. Por ejemplo durante las gurimbas de febrero del 2014 Capriles intentó oponerse a la violencia y obtuvo un rechazo inesperado de sus seguidores. No obstante, Leopoldo López quien no había tenido oportunidad en las Primarias del 2012 se la jugó con los violentos y se catapultó a la cima del liderazgo opositor. Por otra parte, durante el 1S se filtró un video en donde Freddy Guevara, quien había incitado a la violencia días antes, intentó calmar los ánimos frente a un piquete policial y fue desaprobado por los manifestantes. Peor, le fue al Chuo Torrealba cuando le toco invitar a los manifestantes a seguir la protesta en su casa tocándole cacerola en la pata de la oreja a su familia. Esto tuvo como resultado que la tendencia fuera el #MalditaMUD como protesta de la base opositora frente a las actitudes timoratas de la MUD. Lo que está experimentando la dirección de la MUD es que la base dura de la oposición es proclive a la violencia y que el líder que se oponga abiertamente a ella será condenado. Hoy todo líder opositor sabe que oponerse a la violencia tiene un costo político alto y que apoyarla es una jugada que puede consolidar un liderazgo nacional indiscutible en la oposición.
Mientras tanto la dirección del chavismo oficial intenta sortear las dificultades de la inmediatez. En el contexto internacional se habla de un acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita que estabilizará los precios del petróleo. El gobierno cruza los dedos, saca cálculos, revisa el ingreso de alimentos de los reportes de la aduana. Por otro lado, La oposición arrecia, sabe que aun el viento está a su favor, convoca a marchas, genera falsas expectativas, denuncia internacionalmente al gobierno. El juego parece trancado.
Todo indica que el 2017 iniciará con un pico de conflictividad política. Cabe agregar que la base opositora movida por las promesas demagógicas de sus dirigentes, exige una salida inmediata del gobierno con el Referéndum Revocatorio. Un resultado contrario pudiese ocasionar altos niveles de frustración colectiva que degeneren en violencia. Asimismo, ningún líder de la oposición está dispuesto a cargar con el pasivo político de oponerse a la violencia de sus bases.
Bajo este panorama es posible que algunos sectores de la dirección de la MUD aprovechen esta situación impulsado un plan de movilización con matices insurreccionales, conduciendo hacia una guerra fratricida a Venezuela en el escenario de un Referéndum Revocatorio fallido. Este plan contaría con un amplio respaldo internacional. Ademas pudiera contar con cierto respaldo popular.
Conjurar la violencia debe ser una tarea fundamental para la izquierda en general. Solo un plan político contundente logrará hacer entender que el único camino que tiene una oposición consecuente con una salida “pacifica, constitucional y democrática” son las Presidenciales 2019 o unas megaelecciones a finales del 2018. No obstante, el malestar social, la presión internacional y la crisis económica son adversidades que el chavismo tendrá que capear si quiere ganar algo de tiempo.
A continuación cuatro sugerencias que pudieran ayudar a las fuerzas chavistas a detener la violencia y a reavivar nuestro proyecto político:
- Constituir un Frente Amplio por el Diálogo y la Paz. En esta plataforma debe de estar invitados a participar todas las fuerzas comprometidas por un desenlace no violento de la crisis política que vive el país.
- Reactivar el Congreso de la Patria con la participación incluso de las fuerzas del llamado chavismo “disidente” y “crítico” de cara a las siguentes tareas: 1. reunificar a los chavistas en torno a un programa mínimo que exprese acuerdos básicos antimperialistas, antifascistas y de recuperación económica 2. Iniciar una transición efectiva para una nueva dirección moral e intelectual del chavismo. 3. Confeccionar un plan para la recuperación por parte del chavismo del control político-territorial en los barrios.
- Crear los Consejos Populares de la Unidad-Cívico Militar como herramienta para el encuentro entre los Consejos Comunales y las unidades militares de base que permita compartir experiencias, debatir proyecto país, cultivar el ejercicio democrático y buscar soluciones a la corrupción que atraviesa transversalmente el mundo civil y militar. Asimismo, debatir el problema de la inseguridad y el control territorial de los barrios.
- Generar experiencias que contribuyan a quebrar mafias distribuidoras en algunos rubros y circuitos, invirtiendo contados recursos en instrumentos de refrigeración y transporte que puedan ser gestionados por movimientos sociales y organizaciones del poder popular.
